PARA LA CLASE
MEDIA PORTEÑA Como para iniciar un cambio de rumbo en cuanto a la toma de conciencia como sociedad, la clase media porteña asume que la corrupción impide el desarrollo de las personas y del país. Indican que es tanto por acción como por omisión, y nos dan un ranking de actos que, en su visión, marca los hechos y actores sociales más corruptos. Todo nace de un sondeo realizado por profesionales de la UBA. La importancia del sondeo está en los resultados que hablan de quiénes somos y qué pensamos, principalmente los porteños de clase media, como muestra de la sociedad argentina. Ellos señalan a la corrupción como la culpable de la crisis que les impide el desarrollo personal y también el del país. La ven como un flagelo solapado e integrado en el tramado de las instituciones, pero que no perjudica sólo al Estado, sino que abarca toda la ciudadanía, que debe hacerse cargo del problema. Es "corrupto" el funcionario que comete actos ilícitos y también quien asume que "así son las reglas de juego" y deja que todo siga igual. Por eso para la mayor parte de los entrevistados es el ciudadano común el que debe cambiar para revertir esta enfermedad que nos abruma socialmente. El estudio, dirigido por la socióloga Ruthy Sautu, del Instituto Gino Germani y titular de la Cátedra de Metodología de la Investigación de Sociología UBA, involucró una encuesta de 800 casos, 25 entrevistas en profundidad con representantes de clase media; un sondeo entre 167 profesionales y pequeños y medianos empresarios, y otra encuesta a 196 ahorristas acorralados o a participantes de cacerolazos y asambleas populares. "La gente siente que es ella quien paga el costo de la corrupción. La mayoría cree que la apropiación de recursos públicos por parte de funcionarios hizo que el capital de muchos se usara en favor de pocos. También que la falta de transparencia frenó el desarrollo y hizo caer la inversión", indicó Sautu. Para llegar a una definición de corrupción se aplicó un test situacional que permitió trazar la escala de tolerancia a prácticas corruptas y el nivel de gravedad que se le asigna. Se describieron situaciones cotidianas: un conductor que ofrece una "atención" a un policía; un policía que insinúa un "arreglo" a un conductor; un comerciante que tramita una habilitación con un gestor y una directora de escuela que contrata un servicio a cambio de una comisión. Se les pidió que asignaran en una escala de 1 a 5, en la que los puntajes más altos denotan una mayor tolerancia a actuar de manera "non sancta". En promedio, la gente consideró más corrupta a la directora, después al conductor que ofrece una coima, seguido por el policía que la pide. Esto muestra que para la gente, tanto el comerciante como el conductor procedieron de forma ilegal para hacer funcionar los mecanismos burocráticos, dado el alto grado de corrupción instalado en las instituciones. Pero, en cambio, la directora, es la cara visible de ese sistema y usa el poder para obtener ganancia personal. El orden de "intolerancia" surgido del estudio fue el siguiente: 1) aprobar en un examen a un hijo de un político que no estudió; 2) pagar a un empleado de la aduana para que no abra el equipaje; 3) comprar mercadería sin factura para no abonar el IVA; 4) pagar un sobreprecio para conseguir una entrada en un partido de fútbol; 5) que un médico recomiende un laboratorio de análisis a sus pacientes, y 6) pagar a una enfermera para que cuide especialmente a un paciente internado en un hospital público. Algunos conceptos nacidos de las entrevistas en profundidad, asociaron la corrupción a la transgresión ética, al abuso de poder y confianza y a la obtención desleal de beneficios. De los 167 casos sondeados, 91 fueron mujeres y 76 hombres. Ellos clasificaron cuáles instituciones y actores públicos y privados eran altamente corruptos: con el 92,5% quedó en primer lugar la Cámara de Senadores; con el 91,9% los altos dirigentes sindicales; el 85,5% correspondió a la Corte Suprema de Justicia; el 82,9% a los funcionarios del PAMI; 82,1% a la Cámara de Diputados; y el 80,9% para el Poder Ejecutivo. Las mujeres fueron más severas que los varones a la hora de emitir juicios sobre la difusión de la corrupción en el sector privado y al evaluar el perjuicio que ocasionan al funcionamiento del sistema democrático. Sin embargo ellas se mostraron más optimistas cuando se les pregunta si creen que la corrupción puede evitarse y señalaron que quienes pueden y deben cambiar son los ciudadanos comunes, es decir, "cada uno de los argentinos". En la visión de la investigadora, el estudio los "acercó a la definición de la corrupción como una práctica ilegal, ilegítima y, a la vez, eficaz de consecución de fines personales en detrimento de fines comunes, contraria a la ética y a la moral de la sociedad o a las reglas no escritas que rigen a un grupo, que en ciertas ocasiones implican un usufructo abusivo de poder y que por acción o por omisión conlleva a un retroceso económico individual y colectivo y que desvirtúa los beneficios del vivir en democracia". |